Que es posible desarrollar políticas públicas para enfrentar la violencia y mejorar el acceso a la justicia, incluso en contextos adversos. Las instituciones públicas no sólo tienen la responsabilidad, sino también el potencial para garantizar la seguridad y la justicia en la región.

Las respuestas a los desafíos de seguridad y justicia de la región deben construirse desde las realidades locales y junto a los actores más cercanos a los problemas.

El sistema de seguridad y justicia debe ser accesible, transparente y equitativo, en particular para las poblaciones más vulnerables.