Iniciativa conjunta del CIDE y LAB-CO orientada a fortalecer la capacidad del Estado para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas de seguridad.
Opera como nodo articulador entre academia, sociedad civil e instituciones de gobierno.
Adopta una visión integral de la seguridad: prevención, investigación criminal, procuración y administración de justicia, y reinserción social.
Que conecta conocimiento, capacidades institucionales y decisiones públicas en materia de seguridad.
Responde a una falsa disyuntiva instalada en la región: seguridad o derechos humanos.
Parte de la convicción de que es posible reducir la violencia de forma sostenida fortaleciendo instituciones civiles y democráticas, con resultados verificables.
Atiende una carencia de fondo: no la falta de voluntad política, sino de infraestructura institucional para aprender, probar y ajustar políticas de manera sistemática.
Consolidar una disciplina de política pública de seguridad en México y América Latina.
Posicionarse como la referencia regional en la materia.
Articular de manera efectiva a la academia, a quienes implementan intervenciones y a las personas tomadoras de decisiones.
Contribuir a formar una masa crítica de profesionales capaces de llevar las políticas a la práctica.
Diseñar, acompañar la implementación, evaluar y difundir políticas públicas de seguridad alineadas con las prioridades del Gobierno de México para reducir la violencia y la inseguridad.
Impulsar políticas eficaces en la reducción de la criminalidad, respetuosas de los derechos humanos y compatibles con la democracia.
Decisiones basadas en evidencia rigurosa.
Respeto a los derechos humanos y a la institucionalidad democrática.
Aprendizaje continuo e iterativo como principio operativo central.
Generación de bienes públicos replicables y escalables.
Fortalecer la capacidad estructural del Estado para diseñar e implementar políticas de seguridad efectivas, sostenibles e integrales.
Conectar conocimiento, capacidades y decisiones públicas de forma ágil y aplicada.
Generar evidencia y modelos que sirvan de referencia para México y la región.
Análisis de corto plazo y estudios de mediano plazo que sustenten las políticas en evidencia.
Evaluaciones rigurosas que generan evidencia útil para la toma de decisiones.
Espacio permanente de recepción de artículos con dictaminación por pares.
Rutas formativas diferenciadas y red profesional en seguridad y justicia.
Soluciones innovadoras co-diseñadas y probadas en entornos controlados antes de su escalamiento.
Plataformas, metodologías, bases de datos, guías y visualizaciones de acceso público.
Mesas de trabajo entre gobierno, academia y sociedad civil sobre temas prioritarios.
Notas técnicas y estudios aplicados.
Co-diseño de intervenciones con ciclos de prueba, ajuste y mejora.
Metodologías de evaluación rigurosa.
Herramientas de datos, tableros y tecnología de acceso público.
Programas de formación y capacitación especializados.
Espacios de facilitación y diálogo técnico.